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UGT
Da la razón a UGT porque el RD vulnera la ley y perjudica a las personas trabajadoras al no consultar con los sindicatos
El Supremo da la razón a UGT y anula la Comisión que iba a incorporar criterios sociales en la contratación pública
UGT no está acusada como organización sindical ni está encausada
Carta al director de El Mundo
Ante la información publicada hoy en su periódico, con el título: “UGT al banquillo por saquear a los parados para sus gastos”, me dirijo a usted para aclararle que:
La Audiencia Nacional, referente de primer orden para el derecho laboral
Isabel Araque inaugura la jornada formativa de UGT con magistrados de dicho organismo
La Secretaria Confederal de UGT, Isabel Araque, ha afirmado que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional “es todo un referente de primer orden para conocer cuál es la interpretación que mantienen en primera instancia nuestros tribunales en relación a las novedades o los cambios legislativos que se producen en el ámbito laboral”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la obligatoriedad de establecer un Registro de Jornada
En sentencia notificada hoy, 14 de mayo de 2019, el TJUE ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional sobre la obligatoriedad del registro de jornada en nuestro país, en asunto de conflicto colectivo en el que FeSMC-UGT es parte.
El alto Tribunal europeo se pronuncia en el mismo sentido que lo hizo en su día la Audiencia Nacional en el caso contra Bankia, también por denuncia de los Sindicatos, y en línea con el decreto del Gobierno del 8 de marzo y que, desde el pasado 12 de mayo, es de obligado cumplimiento.
El 80% de los trabajadores de justicia secunda la huelga contra la reforma de la LOPJ
Más de un 80% de la plantilla de la Administración de Justicia ha secundado la huelga convocada por los sindicatos contra la reforma de la ley orgánica del poder judicial. Alrededor de 5000 trabajadores y trabajadoras han marchado en Madrid desde el Ministerio de Justicia hasta el Senado para manifestar su rechazo a una reforma lesiva para las condiciones y derechos laborales de los 40.000 funcionarios de dicha administración.